Wesley, un estadounidense de 43 años, recibió anoche una inyección letal

Wesley, un estadounidense de 43 años, recibió anoche una inyección letal

Un estadounidense condenado a muerte por el asesinato de un agente de policía fue ejecutado el miércoles en Texas, a pesar de las sospechas de que su juicio tuvo un sesgo racial.

 

Wesley Ruiz, hispano de 43 años, recibió la inyección letal en la penitenciaría de Huntsville y fue declarado muerto a las 18.41 hora local del miércoles. Es el cuarto condenado ejecutado en Estados Unidos en lo que va de año.

 

"Estoy listo para irme", dijo antes de su ejecución.

 

En 2007, en Dallas, fue perseguido por agentes de policía que sospechaban que su vehículo estaba implicado en un homicidio.

 

Tras una persecución en coche, disparó a un agente de policía que intentaba romper la ventanilla de su coche con la porra. La bala mató al agente.

 

Durante el juicio, Wesley Ruiz había dicho que temía por su vida y que disparó en "defensa propia", según la prensa local. No obstante, los miembros del jurado le condenaron a muerte.

 

En los años siguientes, sus abogados presentaron varios recursos infructuosos para impugnar la sentencia.

 

Al acercarse la fecha de la ejecución, presentaron una moción de urgencia, argumentando que los miembros del jurado se habían basado en pruebas "manifiestamente racistas" y en "claros estereotipos antihispanos" al evaluar la peligrosidad de Ruiz.

 

Uno de los miembros del jurado le había descrito como un "animal", "un perro rabioso" y consideraba a los hispanos presentes en el juicio como "miembros de una banda", argumentaron en documentos judiciales.

 

Su recurso fue desestimado en primera instancia, recurrido y enviado al Tribunal Supremo de Estados Unidos.

 

Wesley Ruiz también se había unido a una demanda interpuesta por varios condenados a muerte en Texas, que acusan al servicio penitenciario del estado de dejar caducar las sustancias letales utilizadas en las ejecuciones.

 

Argumentan que esto puede causar un sufrimiento ilegal, ya que la Constitución prohíbe las "penas inhumanas".

 

Las autoridades aseguran que sus reservas de pentobarbital no son un problema.

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