El Parlamento peruano ha adelantado las elecciones presidenciales a abril de 2024, con la esperanza de poner fin a los disturbios desencadenados por la destitución del Presidente Pedro Castillo, cuyo destino está alimentando ahora una crisis diplomática con México.
Los manifestantes piden elecciones anticipadas. El Congreso votó el martes adelantar las elecciones generales de 2026 a abril de 2024. En sesión plenaria, la propuesta, que requería 87 votos a favor, recibió 93, con 30 votos en contra y una abstención.
La votación también establece que la actual presidenta, Dina Boluarte, cederá su cargo en julio de 2024 al ganador de las elecciones presidenciales.
Sin embargo, el presidente del Congreso, José Williams, explicó al final de la sesión que la reforma, para que entre en vigor, aún debe ser validada por una nueva votación en los próximos meses.
Según los sondeos, el 83% de los ciudadanos está a favor de elecciones anticipadas para poner fin a la crisis, desencadenada por la destitución, el 7 de diciembre, del presidente de izquierdas, Pedro Castillo. Castillo había intentado cerrar el Congreso, intervenir en el poder judicial, gobernar por decreto y convocar una Asamblea Constituyente.
Desde entonces han estallado manifestaciones y, según el último informe de la oficina del Defensor del Pueblo, 21 personas han muerto y más de 650 han resultado heridas en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Pedro Castillo fue detenido por rebelión cuando se dirigía a la embajada mexicana para solicitar asilo.
El gobierno peruano concedió el martes un salvoconducto a la familia del depuesto presidente para que pueda salir del país, en aplicación de convenios internacionales.
La esposa y los dos hijos menores de Castillo se encuentran en la embajada de México en Lima desde el martes por la mañana y se les ha concedido "asilo diplomático", según había confirmado previamente el ministro mexicano de Asuntos Exteriores, Marcelo Ebrard.
El Gobierno peruano, que percibió como "injerencia" el apoyo del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a Pedro Castillo, declaró el martes persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y le dio "72 horas para abandonar" el país andino.
Ciudad de México reaccionó con un comunicado oficial en el que retiraba a su embajador "a fin de preservar su seguridad e integridad física", al tiempo que aseguraba que su representación diplomática seguiría funcionando con normalidad y afirmaba que "cree firmemente en el diálogo".
Ebrard afirmó entonces en Twitter que la decisión peruana era "infundada y condenable". "La conducta de nuestro embajador fue conforme a la ley y al principio de no intervención. México no cambiará su posición", añadió.
A finales de 2021, el presidente mexicano había apoyado a su homólogo peruano criticando los intentos del Congreso de destituirlo.
Andrés Manuel López Obrador, junto con otros líderes de izquierda de América Latina (Argentina, Bolivia y Colombia), había reiterado su apoyo a Pedro Castillo tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre.
La ministra peruana de Asuntos Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, recordó también que la esposa del Sr. Castillo, Lilia Paredes, estaba siendo investigada por el Ministerio Público peruano como presunta coordinadora de una organización criminal que habría dirigido su marido.
Dijo que el gobierno peruano se reservaría el derecho a solicitar su extradición si la justicia local así lo exigía.
La presidenta Boluarte, que lleva trece días en el cargo tras haber sido vicepresidenta de Pedro Castillo, anunció que remodelaría su gobierno, incluido un cambio de primer ministro, con el fin de incorporar a políticos con más experiencia para encontrar soluciones a la crisis.
El Ministerio de Transportes informó que el martes se reanudaron las operaciones en el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, en la región sureña de Puno, tras seis días de cierre por protestas.
Las visitas al famoso Machu Picchu están suspendidas desde el 14 de diciembre para garantizar la seguridad de los turistas.
Las manifestaciones continuaban el martes en el sur del país. En Cuzco (sureste), cientos de personas, en su mayoría mujeres vestidas con trajes tradicionales, marcharon antes de quemar un ataúd de cartón con la efigie de Dina Boluarte.