Cuatro soldados fueron acusados el lunes de la muerte de cinco civiles en México a finales de febrero y puestos en prisión preventiva.
Cuatro soldados fueron acusados de la muerte de cinco civiles a finales de febrero en México, y puestos en prisión preventiva el lunes, pocos meses después de un debate sobre la "militarización" de la sociedad. Se les acusa de disparar con munición real contra siete jóvenes que viajaban en un coche en la madrugada del domingo 26 de febrero en Nuevo Laredo (noreste), ciudad fronteriza con Estados Unidos. Cinco de los pasajeros murieron, un sexto resultó herido y el séptimo salió ileso.
Los soldados están acusados de "homicidio calificado" por la fiscalía de México, informaron fuentes judiciales. Han sido puestos en prisión preventiva en un destacamento militar de Ciudad de México, dijeron fuentes del Consejo de la Judicatura.
Los soldados realizaban una patrulla rutinaria cuando oyeron disparos y, a continuación, divisaron un vehículo que circulaba sin matrícula y con todas las luces apagadas, según informó a principios de marzo un comunicado de la Secretaría (Ministerio) de Defensa. Cuando los soldados se acercaron, el conductor aceleró hasta el punto de colisionar con un vehículo aparcado. Los soldados abrieron fuego al oír un fuerte ruido.
Sin embargo, los jóvenes "fueron víctimas del uso excesivo de la fuerza" y del "uso ilegítimo de armas de fuego", según estimó el 22 de marzo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, una especie de ombudsman de la República). Nuevo Laredo es escenario de una violencia atribuida al narcotráfico. El 7 de diciembre, las autoridades locales anunciaron la muerte de siete presuntos delincuentes en un enfrentamiento con el ejército.
La oposición y Amnistía Internacional denunciaron a finales de 2022 la "militarización" de México llevada a cabo por el presidente nacionalista de izquierdas Andrés Manuel López Obrador. Creada para sustituir a la policía federal, la Guardia Nacional ha pasado a depender del Ministerio de Defensa. Otra ley de finales de 2022 amplió la presencia del ejército en operaciones de seguridad pública hasta 2028.