Un cártel de la droga es sospechoso de asesinar a reclutas que se negaron a cooperar en un lugar de entrenamiento en México donde recientemente se encontraron restos humanos carbonizados y ropa, dijo el lunes el gobierno mexicano, descartando por el momento la hipótesis de un «campo de exterminio».
Restos humanos carbonizados, ropa y zapatos fueron descubiertos a principios de marzo en una finca de Teuchitlán, a 60 km de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, por un grupo de familiares de los desaparecidos. «Hemos confirmado que se trataba de un centro de entrenamiento. Por el momento, no tenemos pruebas (...) de que fuera un campo de exterminio», declaró en rueda de prensa el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. El 11 de marzo, un comunicado firmado por decenas de colectivos de búsqueda de desaparecidos calificó el lugar de «campo de entrenamiento y exterminio».
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los ocho grupos criminales latinoamericanos incluidos en una lista de organizaciones «terroristas» por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es sospechoso de engañar a la gente con falsas ofertas de trabajo para puestos como guardia de seguridad, dijo el ministro. En el rancho de Teuchitlán, los reclutas debían ponerse botas y ropa de estilo militar, y recibían armas de fuego y otros entrenamientos antes de ser asignados a un puesto dentro de la organización criminal, dijo Omar García Harfuch, basándose en el testimonio de un presunto reclutador del cártel que fue detenido.
«Según el testimonio del detenido, acababan con la vida de las personas que se resistían al entrenamiento o intentaban escapar, golpeándolas y sometiéndolas a una forma de tortura», añadió el ministro. El rancho fue tomado por las autoridades el pasado mes de septiembre. Diez personas armadas fueron detenidas y dos rehenes liberados. La Fiscalía de Jalisco aseguró a las autoridades que, desde el operativo de septiembre, el lugar había sido asegurado y que no se habían registrado nuevas actividades delictivas.
Tras el hallazgo de los restos humanos a principios de marzo, la Procuraduría General de la República denunció las fallas en la investigación inicial realizada por la Fiscalía de Jalisco. Según cifras oficiales, en México hay unas 124.000 personas desaparecidas, de las cuales casi 15.000 se encuentran en el estado de Jalisco.